El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
viene afirmando desde diciembre pasado que el Canal de Panamá está
en manos de China, y así lo han reiterado diversos funcionarios de
ese país. Además de que el canal estaría administrado por el
“Partido Comunista chino”, ese país poseería dos bases
militares en sus riberas, los puertos de Balboa y Cristóbal, y
estaría cobrándose tarifas altas a los buques norteamericanos que
pasan por aquí, según Trump. “Algo grande va a pasar”, ha
deslizado como amenaza Trump, si Panamá no cambia la situación
descrita según él.
Aunque entre la ciudadanía panameña tales
afirmaciones han caído entre lo risible para algunos y el estupor
para otros, las amenazas del jefe del imperialismo norteamericano
han levantado un gran debate en el país respecto a quién controla
y quién se beneficia del canal. Un debate que es completamente
legítimo y necesario.
Las opiniones están divididas, entre quienes
desde una conciencia nacional forjada en la lucha por la soberanía
contra lo que fue la Zona del Canal y el Tratado de 1903; y los que
afirman que el canal está en manos de una oligarquía parásita que
le chupa la riqueza a la vía acuática. Estos últimos llegan a
decir, incentivados por “call centers” de extrema
derecha, que salgan esos oligarcas a defender el canal frente a
Trump y, hasta que prefieren “que lo manejen los gringos”. Unos
y otros tienen parte de razón.
Por un lado, 90 años de administración
norteamericana del canal no beneficiaron a Panamá, que apenas
recibió US$ 1,800 millones de ingresos en ese período; mientras
que es evidente que en 25 años de administración panameña ha
ingresado al erario más de US$ 28,000 millones. El producto interno
bruto del país creció espectacularmente, desde unos 10,000
millones hasta los 83,000 millones de dólares actuales.
Por otro lado, es cierto que la estructura
económica del capitalismo panameño fomenta una creciente
desigualdad social en la que una oligarquía financiera y sus socios
internacionales se quedan con “la parte del león”, mientras al
pueblo solo le llegan migajas de esa riqueza.
Los ingresos del canal están siendo utilizados,
además de la corrupción y los cuestionables contratos públicos,
para subsidiar a la gran burguesía panameña que parasita al país
entre las exoneraciones y la evasión fiscales. Todo el sector
logístico, relacionado con la explotación de la posición
geográfica, está exonerado. La evasión fiscal anual oscila entre
los US$ 300 millones, según DGI, hasta sobrepasar los US$ 1,000
millones, según economistas como Juan Jované.
Evidencia del manejo oligárquico del Canal de
Panamá, es que el presidente José Raúl Mulino, en medio de la
crisis nacional generada por las declaraciones Trump, acaba de
nombrar a tres nuevos miembros de la Junta Directiva que son:
Domingo Latorraca, ex viceministro de economía y representante de
las firmas Elemente y Deloite dedicadas a la
especulación financiera; Diego Herrera, de la poderosa firma de
abogados Galindo, Arias y López, con negocios similares a la
otra firma de los famosos “papeles de Panamá”; y
Jorge Vallarino, gerente general de Global Bank y ex
presidente en México de Merril Lynch & Co.
¿Cómo es posible que la Junta Directiva del
Canal de Panamá no exprese al conjunto de la nación, sino solo al
capital financiero? Para esto hay que recordar que la invasión del
20 de Diciembre de 1989 fue realizada por Estados Unidos, no para
“traernos la democracia», sino con cuatro objetivos: imponer
el modelo económico neoliberal (Acuerdo de Donación de 1990);
imponer un régimen político títere a los intereses de Washington
con apariencia democrática (alternancia electoral); acuerdos de
seguridad que reemplazaran a las bases militares; y el control de la
administración del canal por gente confiable para Estados Unidos
(título constitucional de 1994).
Gracias al título constitucional del canal,
pactado por las facciones burguesas panameñas bajo la tutela
norteamericana, las facciones que controlan los gobiernos de turno
nombran a sus allegados y quienes les financian las campañas
electorales, los cuales representan fracciones del capital
financiero panameño. Desde esa junta directiva toman decisiones
sobre el presupuesto canalero que no son sometidas a escrutinio
público. Por ejemplo, en el proyecto de construcción del tercer
juego de esclusas, a un costo de más de US$ 5,000 millones,
participó un consorcio del que hizo parte una empresa de la familia
del entonces administrador del canal en un evidente caso de
conflicto de intereses.
Sin aceptar los absurdos argumentos de Donald
Trump, también es cierto que el contrato entre el estado panameño
y la empresa Hutchinson Port, de origen hongkonés, que administra
los puertos de Balboa y Cristóbal, es completamente abusivo y un
atraco para el país. Por lo cual es correcto que se audite y que se
exija su nacionalización. Pero este criterio es extensivo a TODOS
los contratos portuarios en el canal y a las concesiones de marinas
y resorts otorgadas por la Panamá en las riberas del canal.
Incluyendo la otorgada a Louis Sola, agente de Trump en Panamá, en
la isla de Flamenco.
A quienes, sobre la base de la realidad descrita,
que evidencia la manipulación del canal y sus riquezas por una
oligarquía financiera y sus socios internacionales, creen que la
intervención de Donald Trump en Panamá será contra los corruptos,
hay que recordarles que la intención del presidente yanqui impondrá
el saqueo norteamericano, como el ocurrido entre 1903 y 1999. Los
corruptos son amigos de los intereses imperialistas desde antes del
3 de Noviembre de 1903, durante todo el siglo XX y hoy gobiernan
gracias a la invasión yanqui de 1989. Los corruptos hablan inglés
y están dispuestos a entregarle el país a Trump, como ha empezado
a hacer Mulino.
Las fuerzas populares de Panamá y su vanguardia
política levantamos la defensa consecuente de Panamá y su canal
frente a las amenazas imperialistas de Donald Trump, pero eso no
implica la defensa de la actual estructura jurídica, política y
económica del canal, ni de sus directivos, ni del gobierno de
Mulino, ni la oligarquía que le rodea. Ellos son vendepatrias.
Defendemos canal, pero para construir un nuevo
proyecto de país distinto, sin banqueros y abogados corruptos, con
un canal al servicio del pueblo, cuyo presupuesto sirva para
compensar el enorme déficit social que padecemos, un canal donde se
haga realidad la promesa incumplida de que tenga “el uso más
colectivo posible”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.