El primer consejo de administración con Marc Murtra al frente de Telefónica, que se ha celebrado esta mañana de miércoles, ha abordado una reordenación de sus integrantes para reflejar el nuevo reparto de poder en la operadora. La compañía de telecomunicaciones debía recomponer el puzle de su máximo órgano de poder una vez que el Gobierno (a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), CriteriaCaixa y la saudí STC cuentan con en torno al 10% de las acciones cada uno y forman el núcleo duro accionarial.
Isidro Fainé, presidente del holding de la Fundación “La Caixa”, ya es vicepresidente desde hace años. Y ahora el Gobierno ha propuesto que Carlos Ocaña, consejero en representación de la Sepi, ascienda también a una vicepresidencia, según ha confirmado Telefónica en un comunicado.
La vicepresidencia que va a ocupar Ocaña estaba vacante tras el fallecimiento el pasado mes de diciembre de Javier Echenique, hombre de mucho peso dentro de la cúpula hasta su deceso. El reparto de acciones le da derecho a STC a designar un consejero dominical en representación del capital árabe que desembarcó en 2023. Según ha confirmado Telefónica en un hecho relevante remitido esta tarde, el consejero designado por los saudíes será el CEO de STC, Olayan M. Alwetaid.
Pero los cambios son más profundos. En la próxima junta de accionistas vence el mandato de Francisco Riberas, presidente de Gestamp y primer accionista de Telefónica a título individual y así lo ha corroborado la operadora esta tarde. Su puesto será ocupado por Ana Sala, del bufete Cortés y secretaria no consejera de Indra. Esta ejecutiva es una persona de la máxima confianza de Marc Murtra. Además, apuntalaría el consejo desde el punto de vista de la diversidad de género, una exigencia de gobierno corporativo que recomienda la CNMV a todas las cotizadas.
Riberas decidió dejar la cúpula de la operadora mucho antes de que se produjera el cambio en la presidencia a finales del pasado mes de enero, después de que José María Álvarez-Pallete fuera cesado tras ser convocado a Moncloa un día antes para darle a conocer la decisión.
Carlos Ocaña fue jefe de gabinete adjunto en la Oficina Económica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, bajo las órdenes de Miguel Sebastián, hoy consejero dominical por la SEPI en Indra. Posteriormente también trabajó con Sebastián en el Ministerio de Industria, periodo en el que fue consejero de Paradores y Red.es, ambas firmas públicas. Mas tarde pasó por Prisa, editora de EL PAÍS y CincoDías, y desde 2012 ha sido adjunto al director general del Real Madrid, según figura en su perfil de LinkedIn. Además, Ocaña es coautor de un libro que publicó con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carlos Ocaña entró como consejero de Telefónica en 2024, después de que la SEPI alcanzara un 10% del capital en sucesivas compras en el mercado que fue ejecutando por 2.100 millones de euros. Tras el desembolso de dicho dinero público hizo la petición para nombrar un consejero dominical en representación del holding del Estado. La entrada de la SEPI en Telefónica se produjo más de 20 años después de que el Estado en los tiempos de Felipe González y José María Aznar decidiera privatizar el 100% de la compañía.
La llegada de la saudí STC en 2023 provocó que la SEPI decidiera regresar al accionariado de la centenaria compañía de telecomunicaciones. Entretanto, Criteria Caixa reordenaba sus participaciones hasta conformarse ese núcleo duro accionarial en el que cada una de las tres patas inversoras tomaban un 10% de la compañía. La irrupción de STC en Telefónica generó mucha controversia al considerarse que la operadora es una de las compañías más estratégicas para los intereses nacionales. Detrás de STC está el fondo soberano de Arabia Saudí Public Investment Fund (PIF).
Este mismo martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía en el Senado la participación del Estado en firmas como Telefónica o Indra, que acaba de adquirir Hispasat, por la “necesidad de protección frente a medidas proteccionistas que vienen del extranjero”, para garantizar la ”seguridad económica” nacional y reducir la “dependencia del exterior” de España en sectores cruciales. Dichas palabras llegaban después de que el PP criticara al Gobierno por un “intervencionismo intensivo” de la economía.