Política legislativa cerrada: la promulgación de la Ley 88-26 deja en 18 meses el pulso por el Código Penal empresarial
En clave política, la promulgación fue el último movimiento de una carrera contra el reloj entre el Congreso, el Ejecutivo y los gremios empresariales.
Ya es ley vigente. El Poder Ejecutivo promulgó este jueves 5 de noviembre la Ley 88-26, que aplaza por 18 meses la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las empresas y demás personas jurídicas contemplado en el nuevo Código Penal dominicano. Es el desarrollo que faltaba: el Congreso ya había aprobado la prórroga en los días previos, pero sin la promulgación presidencial el aplazamiento no tenía efecto y las disposiciones habrían comenzado a aplicarse el propio 5 de noviembre.
La Ley 88-26 modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y dispone que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal, comenzarán a aplicarse el 5 de mayo de 2028, con la excepción de lo establecido en el artículo 393. El plazo original del proyecto era de 24 meses, hasta noviembre de 2028; la Cámara de Diputados lo redujo a 18 meses y el Senado acogió ese cambio el miércoles, ratificándolo con 26 votos favorables y ninguno en contra.
El régimen aplazado permitirá investigar, procesar y sancionar penalmente a una persona jurídica —una empresa, una organización no gubernamental u otra sociedad— por delitos vinculados con sus actividades, cuando se cumplan las condiciones de la ley, entre ellas que la infracción sea producto de imprudencia, negligencia, inadvertencia, inobservancia de reglamentos o violación del deber de cuidado. Entre las sanciones figuran multas, el cierre temporal o definitivo de establecimientos, la revocación de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y la disolución de la entidad. La propia Ley 74-25 aclara que la responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de quienes intervinieron en los mismos hechos como autores o cómplices.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) habían solicitado la prórroga antes del 5 de noviembre, argumentando que las empresas —especialmente las micro, pequeñas y medianas— necesitan ese tiempo para poner en marcha programas de cumplimiento, prevención de delitos y controles internos, y que también las instituciones de justicia requieren preparación para aplicar el nuevo régimen. Con la promulgación, ese margen ya corre: la fecha en el calendario es el 5 de mayo de 2028.
El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, que promulgó la Ley 88-26. Foto: CDN.
Fuentes: CDN, RNN, Informe56 y Almomento.
