Ranking de la regulación que viene: el reglamento de inteligencia artificial del Estado se elaborará en 2027 y pasará por decreto
El Ministerio de Administración Pública (MAP) elaborará durante el año 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, una normativa que será sometida al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto y que establecerá las condiciones para adoptar y utilizar estas tecnologías en las instituciones del Estado. Se trata de un anuncio de trabajo normativo para el próximo año, no de una regla ya vigente: el instrumento fijará criterios comunes de gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de los derechos ciudadanos frente al uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública.
El reglamento dará continuidad al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto No. 787-26, que establece principios y obligaciones para que estas herramientas respeten la protección de los datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana. El Código contempla, además, evaluaciones de impacto para los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar de manera significativa los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales, y crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial.
En la aplicación de estas medidas participarán tres instituciones con roles definidos: el MAP, como órgano rector de la administración pública, promoverá los lineamientos de su competencia; la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) será responsable de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) se encargará de las funciones técnicas establecidas en el decreto. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para modernizar el Estado, simplificar los servicios y mejorar su accesibilidad mediante el intercambio seguro de información y el aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías.
Freund indicó que el MAP trabaja en cinco frentes para incorporar la inteligencia artificial al Estado: datos e interoperabilidad, digitalización administrativa y servicios proactivos, arquitectura pública digital, coordinación de inversiones tecnológicas y capacitación de los servidores públicos. Entre las disposiciones ya aprobadas figuran el Decreto No. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos para facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir los documentos que deben presentar los ciudadanos; el Decreto No. 384-26, que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, y el Decreto No. 714-26, con el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, orientado a evitar duplicidades en las inversiones tecnológicas.
La agenda incluye también a las personas que operarán estos sistemas: el MAP trabaja en un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, junto al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para que los funcionarios comprendan las oportunidades, los riesgos y las responsabilidades de estas herramientas. La estrategia se apoya, además, en la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), desarrollada por el MAP con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026 y que analiza las condiciones del país —infraestructura, datos, talento y marcos regulatorios y éticos— para incorporar la inteligencia artificial de manera responsable.
El análisis que toca hacer es de alcance: un reglamento por decreto ordena a las instituciones que dependen del Ejecutivo, fija responsabilidades internas y condiciona contrataciones, pero no crea obligaciones directas para los ciudadanos ni para los órganos ajenos al Poder Ejecutivo; ese límite es el que definirá su fuerza real cuando se apruebe.
Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, junto a las banderas nacional y del MAP. Crédito: Hoy.
Fuente: DiarioDigitalRD, Ciudad del Norte y Rey Durán (anuncio del Ministerio de Administración Pública sobre el Reglamento General de Inteligencia Artificial para 2027 y el Decreto No. 787-26, noviembre de 2026).