Ranking de la seguridad: el caso de las «armas fantasma» abre el debate sobre el control de piezas y de la impresión 3D
En clave política, el caso de las «armas fantasma» anunciado este martes por la Policía Nacional y el Ministerio Público es un examen para el sistema de controles del país: la presunta red importaba piezas, imprimía componentes en 3D y distribuía el producto terminado en la capital.
Según el informe policial, presentado por el vocero Diego Pesqueira, las intervenciones se realizaron entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y en coordinación con el Ministerio Público. El balance total: seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores, 466 cápsulas de distintos calibres, una impresora 3D, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y dos chalecos antibalas, además de accesorios, herramientas y equipos electrónicos. Las autoridades reiteraron que se trata de una presunta red y que los detenidos gozan de la presunción de inocencia hasta que un tribunal decida.
El allanamiento del 5 de noviembre, con la orden judicial 2026-AJ0096731, se ejecutó en la calle 5ta. del sector Mendoza, en Santo Domingo Este, donde fue detenido Juan Carlos Montilla Feliz, de 34 años, y se ocupó un fusil Colt M4 Carbine, 332 cápsulas, cargadores, nueve pasamontañas, chalecos antibalas y cascos tácticos. Dos días después, con la orden 2026-AJ0097977, fue arrestado en la calle 33, casi esquina Horizonte, del sector Nazareno, en Los Alcarrizos, el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, señalado como el responsable de fabricar y ensamblar las armas con una impresora 3D marca Ender, usando armazones de polímero para producir armamento sin número de serie ni registro, las llamadas «armas fantasma». La Policía identificó a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero como presuntos distribuidores en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo: ambos permanecen prófugos y son buscados por su presunta vinculación con la comercialización ilegal de más de 20 armas. Pesqueira admitió que aún no hay evidencia directa del puerto o aeropuerto por donde entran algunas piezas, que en parte vienen de Estados Unidos y aquí se ensamblan, y las investigaciones continúan.
El debate que se abre en el Congreso y en las instituciones de seguridad es si la normativa actual alcanza para piezas y archivos de impresión, o si el país necesita reglas nuevas para una tecnología que ya llegó a los talleres clandestinos.
Foto: Ronny Cruz / Acento.