«Fracasó el Estado»: penalistas acusan al Ministerio Público de mirar a otro lado ante 117 muertes policiales
La denuncia es directa y apunta al corazón del sistema de justicia: un grupo de siete abogados penalistas acusa al Ministerio Público de guardar un «silencio sepulcral» frente a las muertes de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional, que según el conteo de los juristas llegan a no menos de 117 desde el mes de septiembre.
Los voceros, Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez, afirman que han hecho varias solicitudes de diligencias al Ministerio Público y que hasta hoy no han recibido respuesta de la Procuraduría General de la República. «Al día de hoy, esa solicitud de varias diligencias no ha tenido respuesta de la Procuraduría General de la República. Un silencio sepulcral», dijo Sierra Pérez en el segmento Diálogo Libre, cuyas declaraciones se publicaron este lunes 16 de noviembre de 2026.
Para Balcácer, el problema no es un caso aislado, sino el síntoma de un Estado que no logra perseguir el delito por las vías institucionales. Citó el fracaso de la reforma policial, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales y las dificultades para procesar a los infractores. «Fracasó el Estado. Y como el Estado no tiene respuesta frente a la población, ha decidido elegir una limpieza humana», expresó.
El abogado sostuvo que las autoridades deben asumir sus responsabilidades en la persecución de los delitos, en lugar de presentar la muerte de personas buscadas por la justicia como una respuesta a la inseguridad. «El tema no es matar al infractor», afirmó, y advirtió que aceptar las muertes como solución a la delincuencia crea en la autoridad «una licencia de hacer lo que yo quiera».
Balcácer también puso el dedo en los recursos: «Hay pocos fiscales. Es lo primero. Yo quiero ir a la génesis». La cantidad de representantes del Ministerio Público, señaló, resulta insuficiente frente al volumen de denuncias que reciben las fiscalías, y la capacidad de los tribunales debe ampliarse. El presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2026 fue de aproximadamente RD$12,921.6 millones.
Sierra Pérez, por su parte, cuestionó que el Ministerio Público no haya informado los resultados de las investigaciones sobre las muertes durante los operativos policiales. «¿Dónde están las armas con las que se produjeron esos supuestos alegados intercambios de disparos?», preguntó, al insistir en que las evidencias son cruciales para determinar la legalidad de las acciones policiales. También aclaró que tener antecedentes policiales no implica condenas judiciales y no justifica las circunstancias de las muertes.
La cifra de 117 muertes es el conteo presentado por los abogados denunciantes, no un balance oficial, y las muertes ocurrieron en supuestos intercambios de disparos, según la versión policial. En las fuentes consultadas no consta una respuesta del Ministerio Público a las solicitudes de los juristas.
