Contratos «voluntarios» en español y ruso: la traba legal que complica el retorno de los 20 dominicanos en la guerra
Análisis. La carta que el canciller Víctor Bisonó envió este sábado al periódico El Nacional deja al descubierto la trampa legal que mantiene atados a los 20 dominicanos reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania: firmaron contratos «voluntarios», redactados en español y en ruso, con obligaciones claras y un año de servicio militar. Esa firma, dice el Mirex, es precisamente lo que limita al


Análisis. La carta que el canciller Víctor Bisonó envió este sábado al periódico El Nacional deja al descubierto la trampa legal que mantiene atados a los 20 dominicanos reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania: firmaron contratos «voluntarios», redactados en español y en ruso, con obligaciones claras y un año de servicio militar. Esa firma, dice el Mirex, es precisamente lo que limita al Estado dominicano para exigir su retorno.
El caso revela un patrón que la diplomacia dominicana ya había advertido: ciudadanos que llegan a Europa atraídos por ofertas de labores técnicas y terminan incorporados al frente de combate. Frente a eso, el Mirex emitió una alerta pública para que la ciudadanía actúe con cautela ante propuestas de trabajo con destino a Rusia.
La cronología diplomática muestra un esfuerzo sostenido: el 24 de septiembre Bisonó planteó el tema directamente al canciller ruso Serguéi Lavrov en una reunión bilateral; el 6 de octubre, los viceministros de Política Exterior y de Asuntos Consulares entregaron al embajador ruso en Santo Domingo la documentación de los 20 ciudadanos identificados por sus familias; y la embajada dominicana en Moscú ha remitido comunicaciones oficiales a la cancillería rusa.
Para la política exterior dominicana, el episodio marca un precedente delicado: un Estado pequeño negociando con una potencia en guerra el destino de sus nacionales, con un contrato firmado como principal obstáculo jurídico. El propio canciller reconoce que, más allá de la vía diplomática, las competencias legales del país tienen un techo.
El Mirex mantiene abierta la puerta para las familias: cualquier afectado puede comunicarse con la Cancillería o con la embajada en Moscú. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el caso se ha llevado «a los más altos niveles diplomáticos», una frase que, en el lenguaje de la diplomacia, suele significar que el margen de maniobra restante es estrecho.
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