Política y justicia: el juicio del caso Calamar se aplaza de nuevo, al 4 de noviembre
Política y justicia: el juicio del caso Calamar, que tiene entre sus acusados a exfuncionarios de alta jerarquía, se aplazó de nuevo para el 4 de noviembre. La licencia médica que lo detuvo y la advertencia del tribunal.

Audiencia del caso Calamar (foto de archivo: Acento).
Política y justicia: el juicio del caso Calamar, que tiene entre sus acusados a exfuncionarios de alta jerarquía, se aplazó de nuevo para el 4 de noviembre.
Nuevamente fue aplazado el juicio de fondo del caso Calamar para el próximo 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana, por decisión del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El motivo de esta suspensión es distinto al del receso anterior: esta vez la defensa del imputado Roberto Santiago Moquete presentó una licencia médica justificando su inasistencia a la sala de audiencias.
El 21 de octubre el tribunal había recesado el proceso por la licencia médica del excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por una apendicitis. La presidenta del tribunal, magistrada Arlín Ventura Jiménez, había advertido entonces que, si la situación de salud del excontralor impide avanzar, las juezas podrían evaluar separar su expediente, como ocurrió con el del exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez.
Esta repentina suspensión detiene momentáneamente el proceso judicial, donde también figuran como acusados los ciudadanos Ángel Lockward, Alexandra García Medina y Gervasio Fernández, quienes deberán retornar al tribunal el mes entrante junto a los demás encartados Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes y Julián Omar Fernández para continuar con el desarrollo del expediente.
El expediente acusatorio, en el cual el Ministerio Público imputa delitos de desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores, se ha visto afectado en las últimas semanas por diversos imprevistos de salud entre las partes procesales. Según la acusación, el supuesto entramado habría provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y otras operaciones con recursos estatales.
Ante estas constantes interrupciones, los jueces que presiden el Tercer Tribunal Colegiado evalúan de cerca los mecanismos de ley para asegurar la fluidez de las audiencias, buscando evitar que la recurrencia de licencias médicas se traduzca en una dilatación desproporcionada del calendario judicial. El órgano de persecución contra la corrupción administrativa insiste en que cuenta con un bloque probatorio sólido, compuesto por miles de documentos y testigos listos para ser presentados formalmente.
Por su parte, los defensores de los acusados sostienen que es crucial garantizar el derecho a la debida defensa técnica de cada uno de sus representados, argumentando que la incomparecencia de cualquier defensa invalida la legalidad de los debates y requiere la inmediata postergación de los mismos. Todas las imputaciones forman parte de la acusación del órgano persecutor y deberán ser examinadas por el tribunal, respetando la presunción de inocencia de los señalados.
La cita del 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana marcará un momento clave para determinar si el Tercer Tribunal Colegiado puede finalmente superar los tropiezos incidentales y dar apertura oficial a la fase de debate de pruebas en el fondo de este juicio, catalogado como uno de los procesos judiciales por presunto destino de fondos estatales más masivos y complejos en la historia reciente de la República Dominicana.
Información verificada en El Día, 7Días, Hoy y N Digital, del 28 de octubre de 2026.
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