SIP sobre RD: ambiente favorable para la prensa, pero con alertas políticas — acceso a fuentes, La Semanal y el Código Penal
El informe por país de la SIP ante su 82ª Asamblea General combina un reconocimiento y una advertencia política: la prensa dominicana trabaja en un ambiente generalmente favorable, pero el acceso a las fuentes oficiales, el fin de La Semanal y las disposiciones del Código Penal sobre la expresión pública son señales que requieren atención.
El informe por país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre República Dominicana, presentado ante la 82ª Asamblea General que concluye este domingo en Bogotá, deja un mensaje político de dos caras: en términos generales, el país mantiene un ambiente favorable para la libertad de prensa y de expresión; pero hay señales que requieren atención y que tocan directamente la relación entre el poder y los medios.
La primera señal es el acceso a las fuentes públicas. La SIP señaló su inquietud por la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios tras la eliminación de La Semanal, el mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas. Menos contacto directo, advierte el organismo, genera inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública.
La segunda es el marco jurídico: la SIP expresó su preocupación por disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública, por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades. A eso se suman episodios concretos de agresión o restricción en coberturas: el corresponsal de RNN en Santiago, Junior Marte, empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo, y el periodista y abogado Gregorio del Rosario, de Puerto Plata, agredido y despojado de su teléfono a finales de julio mientras grababa en el Palacio de Justicia.
El informe también dejó un reconocimiento con peso institucional: la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre pasado que rechazó eliminar publicaciones de Diario Libre y Google de 2019 sobre una persona investigada en el caso de César el Abusador, al considerar que provenían de fuentes oficiales, eran de interés público y no se había demostrado que fueran falsas. El documento fue presentado por Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para el país.
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