Análisis: el pulso regulatorio de la factura electrónica — el comercio pide siete a diez años y la DGII dice que no hay más prórroga
El pulso regulatorio de la facturación electrónica quedó planteado en dos frases. Por un lado, la del comercio: Iván García, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), pidió que la DGII adapte la facturación electrónica a la realidad de los pequeños negocios, con un período de adaptación progresiva de siete a diez años, sin multas, con incentivos y con un trato diferenciado por tamaño, sector y nivel de digitalización.
Por el otro, la de la autoridad: el director de la DGII, Pedro Urrutia, defendió la medida como parte de la modernización de la administración tributaria. “No podemos atrasar más esta medida. El que no factura, no es competitivo, y el que no tiene internet, no factura”, afirmó.
El dato que sostiene la petición de FENACERD es concreto: “Tres de cada 10 colmados no tienen internet, y un 85 por ciento no factura”, dijo García en una entrevista en el programa El Rumbo de la Mañana, por Rumba FM. “El comercio dominicano no se niega a la facturación electrónica, pero necesita tiempo y una aplicación que esté a su alcance”, sostuvo, y advirtió que las mipymes que no se adapten a tiempo podrían enfrentar sanciones que las dejarían fuera del mercado.
El calendario oficial no deja margen para la gradualidad que pide el comercio: el plazo para incorporarse vence el 15 de noviembre de 2026, después de una extensión de seis meses para las empresas medianas y grandes y para las pymes, que en principio vencía el 15 de mayo de 2026. Hasta el 19 de octubre se habían incorporado alrededor de 100 mil empresas, pero más de 25 mil aún no habían comenzado el proceso, y entre 60 mil y 100 mil todavía no han iniciado su inscripción, de acuerdo con FENACERD.
La tensión es política: la ley 32-23, promulgada en 2023, establece la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los contribuyentes del país, y 95 de cada 100 contribuyentes son mipymes, la mayoría sin procesos digitales. Quien resuelva ese choque —con gradualidad o con sanción— marcará la relación del Estado con el comercio en los próximos años.
Foto: El Caribe.