El caso Calamar se atasca otra vez: separan a dos imputados por salud y la defensa recusa a dos juezas
El juicio de fondo del caso Calamar, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más grandes del país, sufrió este miércoles un nuevo frenazo. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso separar del proceso a dos imputados por razones de salud y, acto seguido, la defensa de uno de ellos recusó a dos de las juezas del tribunal, lo que obligó a suspender la audiencia y fijarla de nuevo para el miércoles 18 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
La decisión de separar los expedientes la pidió el Ministerio Público por razones humanitarias. Se trata de Santiago Roberto Moquete y del excontralor general Daniel Omar Caamaño Santana, cuyas condiciones médicas, según el órgano acusador, impedían avanzar con el juicio contra los demás encartados. El tribunal acogió la solicitud y ordenó continuar el proceso contra el resto.
Pero la audiencia no avanzó. La defensa de Moquete presentó una recusación contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, amparada en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal, que permite cuestionar la imparcialidad de un juez. El tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura, llamó la atención a la defensa por considerar que la actuación podría ser una maniobra dilatoria y remitió el incidente a la Corte de Apelación.
El fiscal Melbin Romero Suazo fue directo: «Lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal. El tribunal, incluso, le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal a ese abogado, porque ha actuado en esta audiencia con total y absoluta deslealtad». Ese artículo obliga a las partes a litigar con lealtad y a abstenerse de medidas dilatorias. El tribunal advirtió además que, si se repiten actuaciones de ese tipo, podrán imponerse sanciones.
No es la primera vez que ocurre. La Corte de Apelación ya había rechazado una recusación anterior contra las mismas juezas, presentada por la defensa del imputado Juan Tomás Polanco, y ratificó la competencia del tribunal para conocer el expediente. Y en octubre el tribunal ya había separado del proceso a Rafael Porfirio Calderón Martínez, también por razones de salud.
El caso Calamar se remonta a marzo de 2023, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Calamar y arrestó a varios exfuncionarios y particulares. Según la acusación, los procesados habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, y parte de los recursos obtenidos mediante sobornos habría servido para financiar la campaña electoral de 2020. Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda entre 2016 y 2020, figura entre los principales acusados. Todas las imputaciones forman parte de la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinadas por el tribunal, con presunción de inocencia para los señalados.
La pregunta que queda es si el 18 de noviembre el juicio podrá por fin avanzar o si un nuevo incidente volverá a frenarlo. La Corte de Apelación tiene ahora la palabra sobre la recusación, y de su decisión dependerá la conformación del tribunal que seguirá conociendo el expediente.
Foto: Infoenn.