Montero detalla su plan de 100 días en la Suprema: tribunales móviles y una ley para frenar el «vandalismo» en los desalojos
Justiniano Montero Montero, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, presentó este miércoles su plan de trabajo para los primeros 100 días de gestión, en un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa, denominada «La Nueva Era de la Justicia», marca el inicio del período 2026-2032 y se organiza en cuatro ejes: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
El anuncio central del plan es la reactivación de los tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayores niveles de congestión, para acercar los estrados judiciales a las cárceles y evitar el traslado de los privados de libertad a los palacios de justicia, una de las causas habituales de los aplazamientos de audiencias. La medida se articulará con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, y tendrá especial atención en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís, donde la mora judicial es mayor. También se creará una mesa de gobernanza penal para fomentar soluciones de conciliación y evitar sanciones desproporcionadas.
En el plano legislativo, Montero anunció que someterá al Congreso Nacional el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, para unificar normativas que datan de 1927 con las actuales, y una nueva ley de ejecución de sentencias para erradicar las prácticas irregulares en desalojos y embargos. El presidente del alto tribunal fue directo: esa problemática se ha convertido, sobre todo en el ámbito civil, en «sinónimo de vandalismo» e inseguridad jurídica. Recordó que el artículo 149 de la Constitución dispone que los tribunales administran justicia y ejecutan lo juzgado, y que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0743/25, que declaró no conforme con la Constitución la Ley 396-19, respalda ese camino.
El plan incluye además la incorporación de inteligencia artificial, con cooperación técnica de Amazon, para resolver los casos de alta frecuencia, que representan entre el 60 % y el 70 % de la carga procesal, y la interoperabilidad en línea entre las secretarías de los tribunales. La firma digital se extenderá a abogados, auxiliares de la justicia, oficiales públicos y alguaciles, y cada acto de alguacil llevará georreferenciación para asegurar la trazabilidad del lugar de notificación y acabar con las notificaciones al aire.
En integridad, la gestión impulsará una política institucional antisoborno con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la firma de un pacto interinstitucional contra la corrupción y una reforma del régimen disciplinario judicial. En eficiencia se fortalecerá el programa Mora Cero, orientado a resolver los expedientes más antiguos. Para vigilar el cumplimiento se designó una comisión especial, integrada por dos funcionarios judiciales y un consejero, que rendirá informes periódicos sobre los avances.
La presentación del plan llega un día después de la juramentación de Montero, escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura el pasado 2 de noviembre. El magistrado ya había adelantado el martes que presentaría esta hoja de ruta; ahora la ha puesto por escrito con medidas, ejes y responsables de seguimiento. Queda por ver si el Congreso acompaña las dos leyes que propone y si los tribunales móviles se instalan en las cárceles anunciadas: sin fechas ni presupuesto precisados, el plan de 100 días será evaluado por sus primeros resultados.
Foto: Dominicanos Hoy