El PRSC se suma al rechazo: Hoepelman advierte que el proyecto de identidad abriría la puerta a la impunidad
El debate por el proyecto de ley que crea un régimen especial para determinar o reconstruir la identidad sumó este miércoles una nueva voz en contra, y esta vez desde el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Su vicepresidente, José Hoepelman, rechazó la iniciativa al advertir que podría convertirse en un instrumento de impunidad y debilitar los controles migratorios del país.
Hoepelman, designado segundo vicepresidente del PRSC el pasado 31 de octubre, centró sus reparos en tres artículos del texto. Según explicó, los artículos 21 y 23 permitirían presentar solicitudes electrónicas de regularización sin exigir necesariamente una instancia formal, asistencia profesional ni todos los documentos que respalden la identidad declarada. El artículo 55, añadió, obligaría a la Junta Central Electoral (JCE) a emitir una constancia oficial sobre la existencia del expediente y el estado de su tramitación.
«De poco sirve proteger nuestras fronteras territoriales si permitimos que se debiliten los mecanismos legales que determinan quiénes somos y quiénes tienen derecho a ser reconocidos como nacionales dominicanos», manifestó el dirigente reformista.
El punto que más preocupa a Hoepelman es el uso que podría darse a esas constancias. Advirtió que podrían ser utilizadas por extranjeros en situación migratoria irregular para intentar obstaculizar procedimientos de deportación, invocando la existencia de una solicitud pendiente ante la JCE. Reconoció que una constancia de trámite no constituye por sí misma un permiso migratorio ni suspende legalmente una deportación, pero sostuvo que «podría utilizarse para promover incidentes y reclamaciones destinados a retrasar la ejecución de las decisiones migratorias».
El vicepresidente del PRSC también manifestó preocupación por la posibilidad de que los procedimientos extraordinarios de reconstrucción de identidad permitan preservar determinados efectos jurídicos derivados de documentos obtenidos mediante falsedades, irregularidades o suplantaciones, aun cuando el proyecto establezca que tales procedimientos no convalidan automáticamente actuaciones ilícitas. «Una cosa es proteger a un ciudadano dominicano cuya identidad legítima ha sido afectada por una irregularidad administrativa o una suplantación, y otra muy distinta es crear un régimen extraordinario que pueda ser aprovechado por quienes utilizaron documentación falsa para construir una apariencia de legalidad», expresó. La primera situación, dijo, exige protección del Estado; «y la segunda exige investigación y determinación de responsabilidades».
Hoepelman vinculó sus preocupaciones con el pensamiento de Joaquín Balaguer, principal referente doctrinal del reformismo, cuya obra «La isla al revés» aborda la diferenciación histórica de los pueblos que comparten la isla y la preservación de la identidad nacional. Esa reflexión, dijo, obliga a examinar con especial responsabilidad las consecuencias institucionales de cualquier legislación relacionada con la identificación de las personas.
El pronunciamiento reformista no llega solo. El pasado 8 de noviembre, la Dirección Ejecutiva del PRM rechazó el mismo proyecto y exhortó a la diputada proponente, Maribel Almánzar de Ogando, a retirarlo. El vicepresidente ejecutivo del partido oficialista, Deligne Ascención, comunicó el rechazo unánime y reiteró el respaldo a las acciones de la JCE en esta materia. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aclaró además que la propuesta no fue consultada ni debatida previamente con la organización ni con el bloque de diputados oficialistas. «No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es del Partido Revolucionario Moderno», puntualizó.
Un día después, el martes 10 de noviembre, la diputada por Santiago Dilenia Santos retiró su firma y su respaldo al proyecto, al asegurar que inicialmente recibió una explicación sobre sus objetivos que no coincidía con el alcance que luego identificó en el texto. La decisión fue comunicada por carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y el 5 de noviembre, el diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo ya había calificado la iniciativa de «peligrosa».
El proyecto, identificado con el expediente 06435-2024-2028-CD y presentado el 1 de octubre, plantea que la JCE examine cada expediente y determine si la persona cumple los requisitos legales para acreditar la nacionalidad dominicana. Contempla casos de suplantación de identidad, falsedad de datos, duplicidad de registros e inconsistencias en las actas, y prevé expedir una cédula especial con la advertencia «NO VOTA» para quienes, tras las investigaciones, no logren acreditar la nacionalidad dominicana. Ese documento no otorgaría derecho al voto ni permitiría obtener un pasaporte dominicano.
Por ahora, la iniciativa sigue siendo solo eso: una propuesta en el Congreso. Para convertirse en ley debe ser conocida y aprobada por ambas cámaras y luego promulgada. Mientras tanto, el rechazo se acumula desde tres partidos distintos y el debate promete seguir en la Cámara de Diputados.
Foto: PRSC