ANJE presiona al Congreso: urgencia para la prórroga del régimen penal empresarial antes del 5 de noviembre
Palacio del Congreso Nacional, sede de la Cámara de Diputados, donde ANJE pide que se conozca con urgencia la prórroga. Foto: archivo.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidió a la Cámara de Diputados que declare de urgencia y conozca cuanto antes el proyecto que extiende el plazo para que las empresas se adecuen al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, antes de que venza el plazo vigente el próximo 5 de noviembre.
En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, el gremio empresarial solicitó acelerar el trámite de la iniciativa que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y que ya fue aprobada por el Senado de la República el pasado 21 de octubre.
El proyecto aprobado en el Senado plantea trasladar al 5 de noviembre de 2028 el inicio de la aplicación de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que hoy están previstas para entrar en vigor el 5 de noviembre de 2026, apenas tres meses después de la promulgación del nuevo Código Penal.
ANJE considera insuficiente ese plazo de tres meses para que las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan asumir las exigencias y los costos del nuevo estándar de cumplimiento penal, que incluye programas de prevención, controles internos y asesoría especializada.
El gremio advirtió que, si la iniciativa sigue el procedimiento legislativo ordinario, podría aprobarse después de la fecha límite, cuando el régimen ya esté vigente y la extensión del plazo haya perdido su propósito práctico.
La solicitud no plantea eliminar la responsabilidad penal empresarial: ANJE reiteró su respaldo a un sistema efectivo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y a una cultura de prevención y cumplimiento, pero sostuvo que su implementación debe garantizar condiciones reales y proporcionales para que las empresas puedan cumplir.
El trámite, sin embargo, todavía enfrenta un obstáculo: según informó elCaribe este viernes 30 de octubre, el proyecto permanecía en Auditoría Legislativa del Senado y aún no había sido remitido a la Cámara de Diputados, de acuerdo con la información consultada por ese medio en el sistema legislativo.
Para convertirse en ley, la modificación todavía debe completar el trámite constitucional: aprobación en la Cámara de Diputados y promulgación presidencial. Mientras tanto, sigue vigente el artículo 31 de la Ley 44-26, que fija el 5 de noviembre de 2026 como fecha de entrada en vigor de los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal.
La decisión que tomen los diputados en los próximos días determinará si las empresas cuentan con más tiempo para adecuarse o si el régimen comienza a aplicarse en la fecha prevista, con las obligaciones que ello implica para miles de negocios en todo el país.
Fuentes: Diario Libre, noticia.do y Ventana Digital, con información de elCaribe sobre el trámite en el Senado.