Política de seguridad en Lima: el Estado peruano logra su tercera condena contra el Tren de Aragua y ordena la expulsión de los 11
La noticia es judicial, pero su fondo es político: Perú acaba de demostrar, por tercera vez, que su aparato de justicia especializada puede desarmar por sentencia a una facción del Tren de Aragua.
Las condenas fueron dictadas por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, a pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, al mando del fiscal César Changa Echevarría, tras una investigación iniciada en 2022 que el Ministerio Público calificó de «sólida» y cuyo fallo describió como «histórico»: es la tercera condena obtenida contra una facción del Tren de Aragua en Perú.
El considerado cabecilla, José Ortega —también identificado como José Ángel Ortega Padrón y Osmeydi Armando España Mendoza, alias «Armando José»—, fue sentenciado a 35 años de cárcel por homicidio calificado en agravio de múltiples víctimas, con una reparación civil de 1 millón de soles (unos 289,000 dólares) a favor del Estado y sumas de 100,000 soles (28,900 dólares) y 80,000 soles (23,180 dólares) a favor de los deudos de cada víctima.
También recibieron 35 años Anyerbe Torrealba, alias «Chino» o «Fesa», por organización criminal y homicidio calificado. Ramses Rivas, alias «Abraham» o «Gringo», fue condenado a 28 años, y Yohamali Aponte, alias «Yoba» o «Yoha», a 28 años y cuatro meses por trata de personas agravada. Los demás procesados recibieron penas de 20, 14, 13 y 8 años por delitos como organización criminal, explotación sexual agravada y tenencia ilegal de armas y municiones.
Según la investigación, la estructura comprendía un brazo armado y un denominado «brazo rosa», vinculado a la explotación sexual y la extorsión de mujeres y adolescentes. Las pesquisas comenzaron tras el asesinato de dos trabajadoras sexuales ecuatorianas el 19 de febrero de 2022 en la Plaza Dos de Mayo, en Lima, y contaron con el apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y de la organización Our Rescue; en noviembre de 2022, el megaoperativo «Descarrilamiento 2022» permitió detener al cabecilla y a otros integrantes.
El tribunal ordenó que los 11 condenados sean expulsados de Perú cuando cumplan sus condenas, con prohibición expresa de volver a ingresar al país. Para República Dominicana, el fallo se lee en clave regional: el Tren de Aragua es una organización transnacional cuya expansión por Sudamérica y el Caribe alimenta los debates de seguridad, migración y cooperación policial que también tocan a esta isla, y la sentencia muestra el camino de las investigaciones largas y conjuntas entre países.
El análisis que corresponde: una condena así no nace de un operativo de un día, sino de una decisión de Estado sostenida desde 2022 —fiscalía especializada, inteligencia policial y cooperación internacional—. Ese es el estándar con el que deben medirse las políticas de seguridad de la región, incluida la dominicana.
Foto de los condenados difundida con la cobertura del fallo en Lima. Crédito: Infobae Perú, con información del Ministerio Público de Perú. Fuentes: EFE vía Swissinfo e Infobae, con apoyo de La República y Perú 21.