Política institucional: la depuración migratoria que tardó cuatro años y dejó fuera 56,140 registros
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso, en una actividad reciente en Tamboril (foto cedida por la Procuraduría, vía Diario Libre). Foto de archivo, no del proceso de depuración.
En la biblioteca política, una decisión institucional que tardó cuatro años: la Procuraduría y Migración retiraron 56,140 alertas e impedimentos de salida sin respaldo judicial.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) retiraron 56,140 controles de una base de datos con alertas migratorias e impedimentos de salida acumulados entre 1990 y 2026. Se trata de registros que seguían activos sin respaldo judicial, por procesos que ya habían cumplido su propósito o por errores administrativos, y que afectaban el libre tránsito de ciudadanos.
El antecedente tiene años: en 2021, la entonces procuradora Miriam Germán Brito aseguró que la Procuraduría había tomado las medidas necesarias para evitar las alertas migratorias colocadas por órganos de persecución del Ministerio Público, después de que se impidiera salir del país al exprocurador Jean Alain Rodríguez sin una orden judicial. Poco después, el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia TC/0338/22 que ninguna autoridad puede restringir la libre circulación de un ciudadano sin orden judicial, al resolver el caso de Armando Rivera Gómez, a quien se le impidió salir mediante una alerta de Interpol. Ese criterio se reiteró en la sentencia TC/1186/25, de noviembre de 2025, que declaró inconstitucional una disposición del Código Tributario que permitía impedir la salida a personas investigadas por presunto fraude fiscal.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que solo se mantengan activos los impedimentos y las alertas que cuenten con sustento judicial, y que se priorice el levantamiento de tres tipos de registros: los individualizados que carecían de base legal, los históricos que no identificaban a la persona y los correspondientes a procesos cuyos fines ya se habían cumplido, sin importar quién los haya colocado.
La depuración fue el resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, que revisó los archivos caso a caso desde 1990 y encontró órdenes judiciales sin individualizar, es decir, sin identificar bien a la persona. La mesa seguirá depurando hasta la limpieza total de la data y montará un sistema de interoperabilidad para que ambas instituciones compartan información al colocar y levantar impedimentos, cuya entrada en vigencia está prevista para diciembre de 2026. La revisión se hace bajo la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida, la Ley Orgánica del Ministerio Público y los derechos constitucionales a la libertad personal y al libre tránsito.
Para la diáspora el tema tiene un peso concreto: más de un dominicano ha llegado al aeropuerto a visitar a su familia y se ha enterado en ese momento de que no puede volver a salir por un caso viejo o un error en el sistema. Con la depuración, esos 56,140 ciudadanos recuperaron su derecho a viajar al exterior sin contratiempos por registros que ya no tenían fundamento.
Diario Libre, comunicado de la Procuraduría General de la República y El Pulso de Quisqueya, octubre de 2026.